CARTA POR LA DEMOCRACIA

Esta tarde a las 18:30h se celebrarán en el Patio Maravillas de Madrid (C/Pez 21 Metro Plaza de España/ Noviciado) los talleres abiertos de la Carta por la Democracia.

La Carta por la Democracia nace como herramienta para superar un bloqueo institucional. Ante el silencio de los de arriba a las propuestas y caminos que hemos abierto por abajo y en común las personas en estos últimos años.



Una herramienta para ponernos a hablar, a pensar y proponer qué democracia necesitamos para que nuestras demandas colectivas se hagan derechos.

La ha redactado las gentes de EnRed de Madrid, un colectivo formado para impulsar este proceso, pero que lo que quiere es abrirlo a otras muchas personas y que deje de ser nuestro

El taller consiste en una presentación de la carta para ser discutida, criticada, etc. y para contar la hoja de ruta que nos planteamos con ella y que se resume en la composición de un movimiento múltiple, abierto, de defensa de la misma. (Es decir, de defensa y construcción de la democracia.)

Este taller se está repitiendo en distintos lugares y con distintos colectivos, espacios, asambleas, etc. El resultado de todos ellos será una nueva versión de la carta mucho más participada y la puesta en marcha de un encuentro para organizarnos juntos/as para hacerla efectiva.

Los talleres estarán organizados en grupos: Marea Blanca, Marea Verde, Espacios Sociales y público general.

Aquí os dejo la carta. Es un poco larga, e imagino que al leerla al  igual que yo estaréis de acuerdo en algunas cosas y otras os parecerán una tontería o impracticables. Pero para eso se expone para debatir y hacer que el pueblo la gente opine y no dejarlo todo en mano de los políticos  

CARTA POR LA DEMOCRACIA

Esta Carta nace de un profundo malestar: ausencia de futuro, desempleo masivo, recortes en derechos  y prestaciones, desahucios, corrupción política y financiera, desmantelamiento de los servicios públicos... Su redacción es el resultado de la creciente falta de confianza de una mayoría de la sociedad respecto a las promesas de un sistema político carente de legitimidad y de capacidad de escucha.

 El bipartidismo, la corrupción generalizada y la dictadura financiera impuesta por medio de las
políticas de austeridad y la destrucción de los bienes públicos, han asestado el golpe definitivo a una democracia que ya venía padeciendo sus propios límites. Unos límites que se encuentran ya en la Constitución de 1978, y que se pueden sintetizar en un marco político que no protege a la sociedad de la concentración del poder en los grupos financieros ni de la consolidación de una clase política no representativa. Dicho marco político ha instaurado un sistema poco abierto a la participación ciudadana, como evidencia el hecho de que a pesar de las importantes movilizaciones que se han sucedido, las exigencias sostenidas por la inmensa mayoría de la población han sido reiteradamente desoídas.

 Ante este bloqueo institucional, ante la creciente separación entre gobernantes y gobernados, parece pues que solo cabe una salida: una profunda ampliación de la democracia basada en el control ciudadano sobre el poder político y económico. Ciertamente, en la medida en que lo que queda de democracia es cada vez menor y que los intentos de reforma interna sólo pueden acabar en la repetición de los mismos vicios, es necesario apostar por un cambio de las reglas del juego. Un cambio democrático orientado a devolver a la sociedad la capacidad efectiva de decisión sobre todo aquello que le concierne.


Las alternativas a la democracia actual no son el caos o la dictadura. Es posible una democracia hecha entre todas las personas, una democracia no reducida a la mera participación electoral, una democracia fundada en la participación, el control ciudadano y la igualdad de derechos.

Esta Carta nace con el deseo de contribuir a este proceso de democratización. Y en este sentido lo hace desde la alegría, desde la potencia de la movilización ciudadana, desde la política que se vive fuera de los partidos políticos, la que habla en primera persona del plural y trata de construir, para todo el mundo, una vida que merezca la pena ser vivida. Sin duda su presupuesto es el de la misma democracia: la gente, las personas, tienen capacidad para inventar otras formas de gobernarse a sí mismas y vivir en común. Este texto nace con la certeza de que las luchas de hoy son la base de la democracia que está por llegar.

En tanto propuesta por la democratización, esta Carta se presenta como un texto inacabado, abierto a su construcción permanente y a la participación de cualquiera. Se presenta como parte de la constitución de un nuevo contrato social, de un proceso de refundación democrática en el que los ciudadanos, los cualquiera, seamos los verdaderos protagonistas.

Es el momento de una profundización democrática, para la apertura de un nuevo proceso de
reordenación política y económica dirigido a garantizar la vida y la dignidad.

Es el momento de la apropiación de las instituciones y los recursos públicos por parte de la ciudadanía, a fin de garantizar su defensa, su control y su justa distribución.


De las plazas y las redes hemos aprendido algo simple y definitivo, que cambia para siempre nuestra forma de estar en el mundo.

Hemos aprendido que sí se puede.


DERECHOS Y GARANTÍAS

Una democracia digna de tal nombre exige el reconocimiento universal de una amplia constelación de derechos relativos a todos los ámbitos de la vida pública y de la reproducción
social. En las últimas décadas, el retroceso en el acceso a las prestaciones y los servicios sociales, el expolio operado por la dictadura financiera y el desmantelamiento de los sistemas públicos impulsado por las políticas de austeridad, han acabado por mermar sensiblemente las posibilidades de ejercicio efectivo de dichos derechos.

Del mismo modo, el acceso a muchos de estos derechos está condicionado por la nacionalidad y por la tenencia de un empleo, lo cual ha terminado por generar una importante exclusión. Por otro lado, el carácter subordinado de los derechos sociales en la actual Constitución no ha permitido un desarrollo suficiente en algunas cuestiones fundamentales como la vivienda, el empleo o la renta.

Así, tanto los límites propios del ordenamiento actual como la impotencia del régimen político español en la protección de los derechos más elementales, son motivo suficiente para la creación de un nuevo sistema institucional de derechos y garantías que permitan el cuidado, el desarrollo de nuestras vidas y el acceso a la vida política.



Esta Carta propone unas bases comunes para la definición de ese nuevo sistema de derechos. Tales derechos surgen hoy de las demandas y luchas de la propia sociedad, a través de sus múltiples formas de organización  y participación, y son la mejor expresión del ejercicio de la democracia.

 Por otra parte, los derechos incluidos en este nuevo sistema han de ser comprendidos según un alcance  colectivo y social, es decir, que son inherentes a la concepción del ser humano como sujeto con derecho a la  autonomía pero en profunda relación de interdependencia con el espacio común que habita. En esta medida, se oponen a la concepción de los mismos como una mera atribución individual.

De acuerdo con estas intenciones, los principios básicos que inspirarán una nueva Carta de derechos


• Universalidad. Todas las personas residentes tendrán la misma consideración y acceso a los recursos para el ejercicio efectivo de sus derechos.

• Equidad y diversidad. La universalidad no tiene el mismo valor ni exige los mismos recursos para todos los colectivos sociales y esto implica el reconocimiento de una serie de derechos dirigidos a  aquellos grupos que requieren de necesidades específicas (ancianos, niños, minorías culturales, étnicas, etc.). También se reconocerán los derechos relativos a las particularidades de los distintos sujetos que tienen que poder decidir sobre los mismos, como es el caso de los derechos de las mujeres.

• No regresividad. Los poderes públicos no podrán, una vez reconocidos estos derechos, interpretarlos de manera restrictiva ni disminuirlos.

• Igualdad jerárquica. Dado que todos los derechos —sean civiles, políticos o sociales— se consideran fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas, la relación entre todos ellos  ha de entenderse en términos de igualdad jerárquica, estando por tanto protegidos con un mismo nivel de garantías constitucionales y jurídicas.

• Garantía democrática y multi-institucional. Los derechos no solo deberán ser garantizados por vía jurisdiccional sino también a través de la participación ciudadana y organismos extra institucionales  constituidos por los propios titulares de los derechos. Se ha de admitir explícitamente la  participación social en el reconocimiento, ampliación y garantía de los derechos por medio de  instituciones de elección directa y de procedimientos de intervención ciudadana.

• Suficiencia financiera. El desarrollo de estos derechos deberá garantizarse con los medios económicos que resulten necesarios. Estos medios serán provistos por las medidas de reforma fiscal que se establecen en los siguientes apartados de esta Carta.



 Los derechos mínimos que exige un proceso real de democratización deberán atender también a los siguientes objetivos:

• La garantía de unas condiciones de posibilidad de una existencia digna. Derecho a la vida, al cuidado, a la salud, a la vivienda, a decidir sobre el cuerpo y la sexualidad, a la libertad y a la  seguridad jurídica, entre otros.

• El desarrollo libre y creativo de la persona y de la comunidad. Derecho a la educación, a la cultura, a la creación y libre difusión del conocimiento, a la libertad de expresión, a un entorno sostenible, a la libertad ideológica y religiosa y al empleo digno.

• El acceso a una vida política activa y democrática. Derecho de reunión, organización, asociación o  huelga, pero también aquellos que se derivan de una comprensión amplia de la política en tanto  construcción permanente de la vida en común. Se reconocerá de este modo el derecho a la participación de forma colectiva y directa, es decir, el derecho fundamental a decidir sobre aquello  que afecte de forma significativa a la comunidad social y política.


 Finalmente, se entiende que el sujeto de derechos también lo es de responsabilidades en la medida en  que forma parte de una comunidad que se conforma en torno a un proyecto común. Estas responsabilidades  se extienden al medio que habitamos, lo que incluye la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y ayudar a su  propia reproducción, que es la nuestra. Tal responsabilidad implica a toda la ciudadanía pero se distribuye de acuerdo con las diferencias de riqueza y capacidad.

DEMOCRACIA POLÍTICA

La crisis ha evidenciado que las decisiones de la clase política están cada vez más sujetas a los  dictados financieros y, por lo tanto, que el gobierno democrático está condicionado por intereses privados. Esta situación ha repercutido en una importante crisis de legitimidad y de
representación acrecentada por un estado de corrupción continua que pone de manifiesto el grave déficit de control democrático existente.

 En cualquier caso, los límites del sistema político no son recientes. Al contrario, se puede decir que estos son estructurales y que hunden sus raíces en la Constitución de 1978 así como en sus  desarrollos legislativos posteriores. Estos problemas se pueden resumir en: bipartidismo, gobiernos monocolor en buena parte de las comunidades autónomas, dificultades para crear nuevas opciones políticas, monopolios mediáticos y, especialmente, las enormes dificultades legales para reformar una Constitución que, por otra parte, no ha sido refrendada por la mayor parte de la población actual.

 A esto se une que los partidos políticos, principales actores de la vida política, se han convertido en una clase con intereses propios, orientados principalmente a su propia reproducción. De forma paralela, los frenos institucionales a la participación directa dificultan la imaginación y la constitución de un marco político fundado en la intervención directa de la gente corriente en los  asuntos públicos.

 La debilidad de la actual democracia se manifiesta en la desatención a las demandas de los diferentes sectores de la sociedad, lo que contribuye a aumentar la distancia entre lo que las personas dicen necesitar y las políticas legisladas. Esta creciente separación entre gobernantes y  gobernados redunda en el déficit democrático de un sistema que ha primado la gobernabilidad  sobre la representatividad y el respeto a las minorías.

 Los límites del actual sistema democrático no pueden resolverse desde el mismo lugar de donde surgen. Resulta pues necesario promover su refundación a fin de instituir una verdadera democracia.

La presente Carta apuesta por una forma de democracia capaz de devolver el poder de decisión a la  población sobre los aspectos fundamentales de la vida. Una democracia basada en participación en la vida  social y política, que permita decidir en común cómo queremos vivir. Es, pues, una apuesta por un nuevo  acuerdo político construido de forma abierta y con la participación activa de la ciudadanía. Un nuevo  acuerdo basado en el reconocimiento de la capacidad de la sociedad para organizarse, crear instituciones y gobernarse.

La construcción de la democracia implica establecer una serie de mecanismos ágiles, eficaces y transparentes articulados en distintos niveles y dirigidos a profundizar en la participación directa o en la  delegación vía representación, según se considere conveniente.

Algunas de las acciones que podrían dar forma al nuevo ordenamiento político democrático son:

1. Democratización de los poderes públicos: limitación y control de las estructuras de representación

Control de la representación. Mandatos revocables por una mayoría social y transparencia absoluta tanto en las actuaciones de los distintos órganos de gobierno como en las cuentas públicas.

Endurecimiento de los controles y delitos relativos a la corrupción y desarrollo de órganos de control independientes con competencias sobre las diferentes instituciones públicas. Límites económicos y temporales a los cargos políticos: límites salariales, un régimen de incompatibilidad antes, durante y después del cargo y límites efectivos en la duración del mandato.

Democratización del funcionamiento interno de los partidos. Transparencia y autonomía en la financiación de los partidos, estatutos internos claramente democráticos, y autonomía de voto de los representantes para garantizar el pluralismo interno en las organizaciones.

Reforma del sistema de representación electoral. Eliminación de la prerrogativa por parte de los partidos de la presentación de representantes, modificación del sistema de listas, eliminación del  cupo mínimo de proporcionalidad, mecanismos de reconocimiento y respeto de las minorías así como de equilibrio entre los diferentes territorios.

2. Reconocimiento y extensión de las formas de participación y democracia directa

Reconocimiento y ampliación de los instrumentos de democracia directa, como son las iniciativas legislativas populares, el referéndum o las herramientas virtuales de participación.

Reconocimiento de instrumentos de control ciudadano sobre todos los ámbitos de los principales  poderes del Estado, así como sobre las cuentas públicas. El reconocimiento de tales instrumentos requiere de leyes de transparencia y el desarrollo de mecanismos ágiles de audiencia pública.

Reconocimiento de otras organizaciones sociales como organismos de control y representación política.

Mayor deliberación colectiva. Se promoverá el desarrollo de metodologías, tanto virtuales como analógicas, de deliberación democrática, que favorezcan la toma de decisiones compartida.

Extensión de los órganos de participación directa en todos los ámbitos administrativos y de gestión de los bienes públicos y comunes como puedan ser los consejos escolares, los consejos de salud, los  consejos laborales así como los consejos locales, regionales e interregionales.

3. Reconocimiento del poder constituyente popular como fuente última de la Constitución y de los poderes del Estado

Se promoverá un modelo de constitucionalismo abierto que permita la reforma desde abajo de las normas constitucionales, que impida los previsibles blindajes constitucionales, que posibilite la iniciativa de reforma a la ciudadanía y que fomente la deliberación permanente.


DEMOCRACIA ECONÓMICA

No se puede concebir una sociedad democrática sin la garantía del sustento material necesario para el desarrollo de una vida digna y políticamente activa. No se puede concebir una sociedad democrática sin una distribución igualitaria de la riqueza.

 Las disparadas cifras de paro, la precariedad mayoritaria, la espiral de desahucios, la esclavitud por deudas a la que se condena a una gran parte de la población, la privatización de los servicios públicos, la enorme concentración de la riqueza o la subordinación de las economías públicas a los intereses bancarios, apuntan en la dirección contraria: desigualdad y subordinación económica de los muchos (el 99%) a unos pocos (el 1%).

 La actual democracia, así como las garantías constitucionales en las que se sustenta, han sido por completo ineficaces a la hora evitar esta situación. Ninguno de los mecanismos recogidos en la  Constitución de 1978 —derechos sociales, derechos laborales, iniciativa pública en el ámbito económico o la subordinación de la riqueza al interés social, entre otros— han sido capaces de proteger a la sociedad de los intereses económicos y financieros. Las políticas neoliberales han acabado por imponerse por encima de cualquier otro criterio, incluido el bien común. Ahora, en plena crisis, es cuando esta situación de expolio más se hace patente.

Esta Carta se propone recuperar los recursos sociales privatizados y concentrados en pocas manos con el fin de ponerlos a disposición de un proceso democrático real. Nunca antes ha existido tanta riqueza, pero pocas veces ésta se ha repartido tan mal y con criterios tan antidemocráticos e injustos. Es por ello que se requiere una completa reconsideración de las funciones de las políticas económicas, a fin de implantar el principio de  bienestar de las poblaciones por encima del beneficio privado, financiero y corporativo.

Con el objetivo de promover la democracia económica, esta Carta considera cinco pilares básicos:

1. Democracia financiera

La riqueza financiera será considerada como un recurso común, sobre el que la ciudadanía ha de tener la capacidad y posibilidad de intervenir. «Quien regula es la población no el mercado», tal es la máxima que  inspira este punto. Para ello, se establecerán procedimientos de decisión democrática sobre la deuda contraída durante los años pasados, así como sobre los activos financieros e inmobiliarios en manos públicas derivados de la reestructuración de los mercados financieros y del sector bancario. A este fin se proponen las siguientes medidas:

Auditoría Ciudadana de la Deuda. Esta propuesta permite discernir entre aquellas deudas legítimas y aquellas que no lo son, ya que el rechazo de cualquier forma de deuda es tan imprudente como la afirmación de que toda deuda ha de ser pagada. Esta Auditoría se articulará como un proceso social de pedagogía democrática y financiera por el que la ciudadanía pueda adquirir mayor capacidad de decisión y control sobre la economía financiera.

Creación de instituciones de utilidad pública, formadas con los activos financieros e inmobiliarios resultantes de las sucesivas reestructuraciones operadas. Estas instituciones, bajo estricto control democrático, servirán a la promoción de la igualdad económica y del desarrollo social.

2. Reforma fiscal

El objetivo de la reforma consistirá en promover una amplia redistribución de cargas y beneficios a fin  de que a la igualdad formal le corresponda una igualdad material y real garantizada por el acceso a los  bienes públicos y comunes.

Principales propuestas: la restauración de los principios de proporcionalidad y progresividad tanto para las rentas del trabajo como para los beneficios empresariales; la aplicación de nuevas tasas a la circulación financiera y de los tipos más altos a las rentas de capital; la disminución de los impuestos indirectos y al consumo y la persecución del fraude fiscal.

La reforma fiscal vendrá acompañada de la imposición de criterios de igualdad y equiparación fiscal, así como de solidaridad territorial, entre las distintas regiones y países del Estado español y de la Unión Europea, a fin de responder tanto a las desigualdades que produce la fuerte interdependencia económica entre los mismos, como al requerimiento democrático de reparto de la  riqueza.

3. Bienes públicos-comunes

Los procesos privatizadores han demostrado que las Administraciones Públicas no han protegido los recursos públicos frente a los intentos de apropiación por parte de intereses privados. La recuperación social de estos bienes así como la democratización de su gestión deberá garantizar el acceso a los mismos por parte del conjunto de la población.

Tendrán el estatuto de público-común todos aquellos bienes e infraestructuras de interés general necesarios para la reproducción de la vida, la participación política y el normal funcionamiento de la economía. Así, son bienes público-comunes la educación, la sanidad, los principales bienes naturales (agua, atmósfera, suelo, mares, costas, ríos y riberas, bosques y espacios naturales de importancia ecológica y estética), la seguridad, la justicia, los caminos y carreteras, etc.

Tales bienes no podrán ser alienados o vendidos por las Administraciones Públicas. Su propiedad es pública-común y por lo tanto pertenece al conjunto de las personas residentes en el Estado español, siendo el Estado y las instancias de administración de los mismos meros mandatarios del cuerpo social.

Los bienes público-comunes serán administrados de forma democrática, siendo regulados y regidos tanto por mecanismos de participación ciudadana como por las comunidades expertas que se requieran para cada caso.

4. Democracia laboral y de empresa

Es necesario introducir la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en el ámbito empresarial, especialmente cuando esto pueda considerarse crucial para el interés común. Asimismo, su actividad económica tenderá a estar subordinada a criterios de rentabilidad integral, es decir, social, medioambiental y económica.

Las empresas deberán organizarse cada vez más sobre los siguientes principios: equidad, respeto al medio ambiente, transparencia y desarrollo sostenible.

Serán recogidos los principios fundamentales del derecho laboral: el derecho a realizar una prestación de forma libre o a cambio de una contraprestación justa, la protección del trabajador en situación de dependencia, el derecho al descanso y la jubilación así como el derecho a la autonomía y a la vida digna con independencia del trabajo asalariado.

Igualmente serán reconocidas de forma positiva la dimensión cooperativa que implica todo trabajo como fuente de riqueza social y la dimensión productiva del trabajo no asalariado y no reconocido en términos monetarios pero que sin embargo resulta crucial para la reproducción social.

5. Renta Básica Universal

La Renta Básica Universal reconoce el carácter productivo de toda la vida social y de todo el trabajo no monetarizado que resulta imprescindible para la reproducción. Su presunción de partida es que ninguna producción es posible sin la gigantesca red de vínculos sociales, interacciones (económicas o no) y cuidados que nos reproduce como sociedad. Esta renta garantiza unos mínimos de subsistencia por el hecho de ser persona, facilita la búsqueda plural de proyectos de felicidad y es en sí una condición necesaria para la igualdad de oportunidades, y por ende para la democracia.

Toda persona residente en el Estado español tendrá derecho a una renta básica. La Renta Básica Universal es el derecho ciudadano a una renta monetaria incondicional, no pagada en virtud de  ninguna actividad en particular sino por el mero hecho de vivir en sociedad.

Los recursos necesarios para financiar la Renta Básica serán obtenidos por medio de la reforma fiscal propuesta en esta Carta. La implantación de la Renta Básica no sustituirá la prestación de  otros servicios sociales ni supondrá límite alguno al acceso a los derechos soportados por determinados bienes público-comunes como la salud o la educación.


DEMOCRACIA TERRITORIAL

La actual crisis económica y financiera ha puesto en evidencia la debilidad de la democracia a todas las escalas, así como la fragilidad de los mecanismos de reparto de la riqueza territorial.

Los dictados del gobierno financiero a través de políticas de austeridad han establecido una particular geografía de la desigualdad, precipitando a algunos países y regiones al abismo económico y social.

 El resultado es la importante fractura territorial que se está abriendo tanto a escala europea como en el Estado español. En Europa, la ausencia de mecanismos democráticos de intervención y la crisis de la deuda soberana, está llevando a una fisura cada vez mayor entre un centro protegido y una periferia cada vez más empobrecida. En el Estado español, el fuerte endeudamiento de los municipios y de las comunidades autónomas está provocando el desmantelamiento de los sistemas de protección social, así como la venta de gran cantidad de bienes públicos.

 En ambos casos, se observa una creciente pérdida de la solidaridad territorial y de la legitimidad de las instituciones de gobierno. Esto amenaza con un colapso que sólo podrá ser abordado mediante una completare ordenación institucional basada en la democracia y la corresponsabilidad territorial.

Esta Carta propone a discusión un nuevo acuerdo territorial a todas las escalas basado en un modelo radicalmente democrático. Parte del presupuesto de que las decisiones y la gestión de los recursos y servicios se deben desarrollar en el nivel mínimo de unidad territorial y de que las formas de reparto de la riqueza han de estar centralizadas para garantizar la equidad entre los territorios. De esta forma se pretende  minimizar las desigualdades entre los mismos, compensando las desigualdades que generan los modelos de  competencia territorial. Tal modelo se puede resumir en los siguientes principios:

• Libre asociación. La mayoría de las personas residentes de un territorio que así lo consideren tendrán el derecho a decidir su pertenencia o no a la unión política que convenga.

Corresponsabilidad e igualdad. La pertenencia a la asociación política implica la aceptación de unas normas y constituciones comunes, así como la aceptación de la igualdad de toda unidad territorial del mismo rango. Esto supone la aceptación de una fiscalidad y un prespuesto común suficientes para corregir las desigualdades sociales y territoriales. El nuevo sistema impositivo estará basado en la progresividad y en la equidad fiscal.

• Subsidiariedad. La gestión de los recursos y servicios así como la decisión sobre los asuntos de interés público deberá ser reducida a la unidad mínima territorial en la que ésta resulte más accesible para las personas residentes a los que compete tal gestión o decisión. Todos aquellos servicios que puedan ser prestados mejor a las escalas territoriales más bajas serán administrados por estas.

Autonomía y suficiencia financiera. Cada unidad territorial deberá disponer de un presupuesto adecuado para la prestación de los servicios que le competen. Este presupuesto será administrado de forma autónoma por los organismos ciudadanos y de gestión democrática que para este fin se hayan establecido. Así mismo, este presupuesto no solo deberá estar garantizado por sus recursos propios sino también por los mecanismos de compensación territorial que se establezcan en las distintas escalas territoriales. La autonomía en la gestión de dicho presupuesto no eximirá de la prestación de determinados servicios así como de las obligaciones fiscales a las haciendas supraterritoriales.

La relación entre los diferentes niveles territoriales (municipios, comunidades autónomas, estados y Unión Europea) se articulará según los siguientes objetivos:

1. Profundización de la democracia política

• Recuperación y desarrollo de las áreas de decisión y participación a todas las escalas, partiendo de las formulas ya mencionadas: democratización de los poderes públicos y extensión de las formas de participación ciudadana y democracia directa.

2. Corresponsabilidad y solidaridad

Las formas de unión política que resulten de estos procesos de democratización tomarán como objetivo el rechazo de las actuales formas de competencia territorial así como la redistribución de la riqueza en todas las escalas.

Municipios. La financiación y los presupuestos además de estar sometidos a estrictos controles ciudadanos, serán garantizados por los mecanismos distributivos establecidos en las escalas más altas  (región, Estado y Unión Europea), a fin de que dejen de depender de las rentas de suelo e inmobiliarias.

• Estado, comunidades autónomas y regiones. Será aceptado el principio de igualdad fiscal, la existencia de un presupuesto conjunto, la delegación en los niveles superiores de la gestión de aquellos servicios que no convenga descentralizar y, especialmente, la redistribución de la riqueza según métodos equitativos de reparto territorial.

• Unión Europea. Se establecerá una verdadera unión fiscal, presupuestaria y bancaria con el propósito de tender hacia una eliminación real de las crecientes desigualdades económicas y sociales entre los países y hacia el control de los poderes financieros.

3. Refundación democrática de las uniones territoriales

El proceso constituyente, es decir el proceso de refundación democrática, se propone no solo a nivel del Estado español sino también para el resto de las escalas territoriales.

Cada una de las actuales autonomías y otras agrupaciones territoriales, si así lo quieren las personas  residentes, podrán decidir la pertenencia o no a la Unión que surgiera del proceso constituyente.

En el ámbito europeo, una nueva constitución deberá garantizar todos los derechos fundamentales  en cada una de las partes de la Unión, las posibilidades de participación política, las condiciones de reparto y distribución de la riqueza y una estructura política plenamente democrática.
 

Comentarios

Entradas populares de este blog

SEPIA CON SOBRASADA

REACCIONES